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Hace años que es momento para la acción contundente en Puerto Rico.
Esta semana el Gobernador presentó el último presupuesto de este cuatrienio. Veintinueve mil millones de dólares para atender las prioridades, retos y aspiraciones de cuatro millones de habitantes en el año fiscal y eleccionario de 2012-2013. Como de costumbre, tres áreas programáticas concentran la mayor cantidad de recursos en la propuesta del Ejecutivo: (1) educación pública: $3,552 millones, sin contar el multibillonario presupuesto de la Universidad del estado, fijado por fórmula en ley, el cual, como las demás corporaciones públicas, se contabiliza por separado de las llamadas "agencias" del "gobierno central"; (2) salud: $3,000 millones, de éstos, $2,200 para el programa de cubierta de salud universal para indigentes; y (3) seguridad: $1,400 millones.
El trasfondo, muy complicado. Prácticamente todas las ofertas de bonos del gobierno de Puerto Rico han sufrido rebajas en sus calificaciones por las agencias evaluadoras de crédito Moody's, Fitch y Standard & Poors. Eso significa que el gobierno tendrá que pagar intereses más altos para poder obtener todos los fondos para brindar los servicios que en este nuevo presupuesto se le ha prometido al país. A su vez, nos tomará mucho más años pagar esa deuda. Aparte de eso, ya la deuda pública de Puerto Rico, estimada en $66,000 millones equivale al tamaño de la economía puertorriqueña: en el agregado, no estamos ahorrando nada como país para proyectos futuros, emergencias posibles o para invertir en nuevas formas de hacer las cosas para transformar nuestra sociedad en una más productiva y justa. Estamos como el que mes tras mes se gasta lo que produce y, como no produce suficiente ingreso para cubrir todo lo que consume, usa la tarjeta de crédito para completar sus pagos.
Con una deuda "constitucional" del gobierno presente en un máximo histórico de 12%, sus agencias cuentan con solamente 3% de margen para emitir deuda adicional, pues la Constitución requiere que no se exceda el tope de 15% de los recaudos bianuales previos. Ese margen de 3%, en términos prácticos, sería inprudente agotarlo y de así hacerlo, nos expondríamos a otra ronda de reducciones en las calificaciones crediticias. Resta la opción COFINA, la estructura que el gobierno creó para vender deuda en los mercados de valores sobre la base de los ingresos futuros captados por el IVU ("Impuesto de Venta y Uso"; algo parecido a los bonos "TRANS", "Tax Revenue Anticipatory Notes"); pero esta vaquita que ha sido COFINA ya casi está agotada y las agencias evaluadoras ponderan una posible baja en su calificación actual. Y no olvidemos que este presupuesto, como los anteriores, se basa en unas proyecciones de los recaudos en impuestos y de la actividad económica general para el 2012-2013 que pueden darse o no, incluyendo el "proyectado" y raquítico 1% de crecimiento en la economía de la isla. (Y sumemos que nuestro sistema gubernamental de retiro es un pesadísimo lastre en las finanzas del gobierno y una preocupación que por décadas hemos optado por ignorar postergando tomar medidas para evitar su colapso: situación que las casas evaluadoras conocen muy bien y no pierden hoy oportunidad de recordarnos).
Puerto Rico no puede seguir aprobando presupuestos cada año sin pensar en las consecuencias gravísimas de atender las conveniencias electorales hoy hipotecando el mañana. Es la misma actitud detrás de propuestas tales como: (1) "reforma legislativa" que se somete al juicio del electorado hoy para que entren en vigor en 5 años (sin tocar los verdaderos issues de las dietas, carros, choferes y privilegios contributivos de los llamados "legisladores a tiempo completo"); (2) megaproyectos de construcción en los cuales se invierten centenares de millones de dólares en propaganda y "planificación y diseño" sin que tengan posibilidad real de ser ejecutados; (3) despidos masivos de empleados sin un verdadero análisis de necesidades, destrezas, prioridades, desempeño, costos y beneficios, una supuesta ayuda a desplazados cuyos resultados a mediano y largo plazo nadie quiere conocer, y contrataciones a granel que nulifican los "ahorros" en nómina de los despidos; y (4) propuesta para expandir en 55,000 los elegibles al plan de salud del gobierno financiada con dinero que no hay.
Tenemos que poner oído en tierra. Nos planteamos $28 mil millones de presupuesto para el próximo año y tomamos como un dado que no habrá cambio alguno en los más de $21 mil millones que el gobierno de Estados Unidos transfiere a Puerto Rico anualmente. Republicanos y demócratas acordaron el año pasado que van a haber recortes en muchos programas federales. La Cámara de Representantes federal por mandato constitucional origina los proyectos presupuestarios e impositivos y su mayoría republicana actual enfoca tres prioridades: (1) aumentar los gastos de defensa; (2) reducir la carga contributiva de quienes más ingreso generan; y (3) no tocar las transferencias y programas para los retirados, principalmente Medicare y Seguro Social. En consecuencia, mayormente quedan como blanco de los cortes presupuestarios los programas de asistencia social tales como Medicaid (indigentes), Becas Pell (universitarios), asistencia nutricional (el PAN), asistencia médica para niños y alivio para desempleados y desplazados.
En el área de salud, el Presupuesto de Puerto Rico 2012-2013 depende de los $400 millones en fondos Medicaid como parte de los $2,200 del plan "Mi salud" (y aunque aporta 3 de cada 100 participantes de Medicaid, Puerto Rico recibe solamente tres cuartos de centavo de cada dólar en este programa). Con las becas Pell, se dice que podríamos sufrir una reducción de $153 millones, haciendo más difícil que nuestros universitarios tengan los recursos para educarse y ser nuestra plataforma de productividad en los años que se acercan. Y en asistencia nutricional, los $2 mil billones en beneficios anuales proceden 100% de transferencias federales susceptibles de recortes este año.
No aclara el presupuesto de Puerto Rico 2012-2013 qué estrategias se usarán para enfrentar las rebajas en los programas de transferencia federal y paliar el disloque que ello traería. Son muchos frentes. Y hay que atenderlos todos. NADIE lo hará por nosotros. Nos jugamos nuestra capacidad para funcionar como sociedad productiva y legar a las generaciones futuras un lugar donde tejer sueños y lograrlos.
