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En los tiempos que vivimos, muchos piensan que la democracia puertorriqueña funciona a medias.
Tres aspectos fundamentales del proceso democrático lo son: competitividad (que los electores tengan opciones a la hora de emitir su voto); participación (que los ciudadanos puedan ir a votar libremente y en una proporción amplia del registro de votantes); y rendición de cuentas (que los electores puedan evaluar a los funcionarios que han sido electos y votar a favor o en contra de que regresen a los cargos a los que fueron electos en las urnas).
En Puerto Rico se dan los tres elementos de la democracia con relativa facilidad. Las estadísticas reflejan que:
- Participación: la inmensa mayoría de los puertorriqueños acude a votar regularmente;
- Competitividad: para el centenar de cargos electivos sujetos a votación hay más de 4,000 candidatos para las primarias y elecciones generales del 2012; y
- Rendición de Cuentas: todas las posiciones electivas están sujetas al juicio del votante en las elecciones.
El problema no está en las estadísticas. Está en la calidad del trabajo de legisladores, alcaldes y altos funcionarios ejecutivos.
Irónicamente, los votantes con frecuencia retornan al poder a quienes, en un análisis sosegado, no necesariamente le han servido con eficiencia y competencia. Otros "servidores públicos", da pena decirlo, se han dedicado a gestiones ajenas al bienestar general incluso, con una frecuencia alarmante que denota un mal de amplio alcance, funcionarios electos literalmente le roban al estado para lucro personal.
Legisladores que han tenido que renunciar por soborno, por irregularidades en sus documentos contributivos y por manejos "turbios" que no pueden explicar convincentemente. Otros legisladores bajo la mirilla por establecer esquemas de venta de influencias, hacer trampas con residencias y vehículos para "cualificar" para el pago de dietas por "trabajo legislativo", y por establecer "cuotas" que sus empleados deben pagar para permanecer en el puesto. Y no hablemos del banquete de medidas superfluas, repetitivas, alocadas, improvisadas, aprobadas "a escondidas" o desechadas arbitrariamente que son fuente de malestar semana tras semana.
Pero el problema no se limita a una sola rama de gobierno. Se ve en funcionarios cobrando salarios y beneficios marginales de 'Wall Street' en nuestras corporaciones públicas a pesar de las precarias finanzas de los entes que "administran". Se ve en asesinatos que se disparan fuera de control, trasiego de armas y drogas, deserción escolar y violencia doméstica a niveles epidémicos. Y se ve también en alcaldes acusados civil y/o criminalmente por estafa, hostigamiento sexual y laboral en el trabajo, hasta extorsión.
Todo proceso judicial en nuestro sistema de gobierno requiere que quien se queja o acusa pruebe su caso. En muchas ocasiones triunfa la justicia. En otras no. Irrespectivo de cómo terminan los procesos judiciales, o sea, indiferentemente a si el funcionario electo sale culpable o si se le desestima la demanda civil en su contra, hay que ver toda la gama de actos ilegales constatados en resmas de documentos o narrados con una pasmosa frialdad por testigos que no son necesariamente "víctimas" pues muchos han sabido manipular esquemas a su favor (hasta que se les cierra el acceso al bizcocho de privilegios o los "pillan" con las manos en la masa). Desfilan historias de reuniones secretas, exigencias 'pay for play', ofertas de soborno, amiguismos, abusos y prepotencias en las que incurren funcionarios extorsionadores y civiles dispuestos al soborno. Un circo.
En fin, todas violaciones de una u otra ley, algún reglamento interno legislativo o incumplimiento craso con los principios del "buen trato", la decencia, los valores "morales" y la obligación que pesa sobre los funcionarios electos de ser fuentes de orden en una sociedad que busca enfrentar con efectividad múltiples retos. Y el mayor cinismo es que muchos funcionarios desacreditados (o en vías de serlo), no vacilan en regalar a todo lo largo y ancho de la Isla discursos sobre "valores", "moral" y "civismo".
Muy lejos del ideal de gobierno "del pueblo para el pueblo" que se le acredita al sistema democrático.
El diagnóstico es imperativo; y propuestas también. Comencemos, por ejemplo, por reenfocar el procesamiento de la corrupción gubernamental. Lancemos todo el poder investigativo, policial y forense del estado a identificar la tropa de "civiles" que ofrecen el soborno al funcionario, que aceptan hacer el "paguito" mensual o el diezmo del contratito porque las ganancias son estratosféricas y la mordida un mero ínfimo "costo" de hartarse del pastel gubernamental. Consideremos si es factible (en los casos que lo sea), darle la inmunidad judicial al funcionario bajo sospecha y no al ciudadano que le paga ilegalmente (y seguirá pagando a los funcionarios que vengan después que estén dispuestos a participar del esquema). Del funcionario corrupto, de ese se encargará el tribunal de la opinión pública. Ya hay bastantes informes financieros que rendir, oficinas de ética que complacer y demás papeleo desligado de la realidad de esa economía subterránea y amplia que se nutre del fisco y que frecuentemente incluye a algunos funcionarios en la intersección con ese otro negocio 'off the books': el crimen, la droga, el contrabando. La raíz está en que hay un mercado dispuesto a hacer los pagos ilegales y tentar al funcionario; ahí puede estar la solución.
Hay mucho desorden en nuestra democracia. Los tiempos difíciles que se viven exigen otra cosa. Mucho trabajo por hacer.
