Un jurado puertorriqueño determinó la culpabilidad de un acusado en el Tribunal Federal pero no recomendó la imposición de la pena de muerte al convicto, a pesar de haber encontrado que todos los agravantes presentados en la fase de sentencia fueron demostrados más allá de duda razonable.
Entrevista / Interview @ Univision Puerto Rico: September 29, 2012
Más / More Comments: After the on air interview here below.
El caso de United States v. Burgos es el cuarto caso en que la Fiscalía de los Estados Unidos intenta convencer a un jurado puertorriqueño de que imponga la pena capital a una persona a quien ya se le ha hallado culpable de cometer los crímenes de que se le acusó. Ningún jurado ha querido hacerlo en la Isla. De cara al plebiscito de estatus político al cual la Administración actual convoca a los votantes en Puerto Rico este próximo día de elecciones generales, el 6 de noviembre de 2012, es pertinente destacar que la aplicación de la pena de muerte en esta jurisdicción por vía de las leyes penales federales, no las locales, fue uno de los asuntos públicos más debatidos durante la cobertura noticiosa de este más reciente caso de pena de muerte.
El issue: que la esencia de la relación política entre los Estados Unidos y Puerto Rico está implícita en el fenómeno de que la Fiscalía Federal continúe radicando casos criminales en los que buscará la imposición de la pena capital bajo estatutos federales que aprueba el Congreso, en el cual Puerto Rico no tiene representantes con derecho al voto, cuando la Constitución de Puerto Rico expresamente prohibe la imposición de la pena de muerte en procesos penales ante los tribunales locales. Es un debate con un amplio historial en la comunidad puertorriqueña y que ha llegado incluso al propio Tribunal Federal.
En el caso de United States v. Acosta Martínez (2000), un Juez del propio Tribunal Federal en Puerto Rico, Honorable Salvador Casellas,
determinó que la ley federal que permite la pena capital para ciertos crímenes
en procesos judiciales ante el Tribunal de Distrito Federal no es aplicable en
Puerto Rico porque, entre otras razones, la Constitución del E.L.A. prohíbe la
imposición de dicho castigo en Puerto Rico.
El gobierno federal apeló la decisión del Juez Casellas y el Tribunal
del Primer Circuito de Apelaciones en Boston determinó que el Congreso federal
puede permitir la imposición de la pena capital en los casos criminales que se
ventilan en el Tribunal federal en Puerto Rico aunque ese castigo no sea
permitido en los tribunales locales bajo
la Constitución del E.L.A.
Posteriormente, un jurado en el Tribunal federal en Puerto Rico encontró
a Acosta Martínez y a su co-acusado culpables de los delitos de secuestro y
asesinato, pero no recomendó que se le impusiera la pena capital. Igual resultado hubo en el caso decidido la semana pasada, U.S. v. Burgos.
Ya la Fiscalía Federal ha expresado que se propone buscar imposición de la pena capital en casos futuros. Y el 6 de noviembre de 2012 este asunto tendrá su traascendencia por el voto plebiscitario. ¿Qué opina usted?
Esta nota incorpora material preparado por su autor para un capítulo sobre "El Gobierno Federal en Puerto Rico: Desarrollo y Dinámicas" en el próximo libro "Puerto Rico y su Gobierno", aún en producción.
