4 Veces "No" A Pena Capital en Puerto Rico

Un jurado puertorriqueño determinó la culpabilidad de un acusado en el Tribunal Federal pero no recomendó la imposición de la pena de muerte al convicto, a pesar de haber encontrado que todos los agravantes presentados en la fase de sentencia fueron demostrados más allá de duda razonable.

Entrevista / Interview @ Univision Puerto Rico: September 29, 2012
Más / More Comments: After the on air interview here below.

El caso de United States v. Burgos es el cuarto caso en que la Fiscalía de los Estados Unidos intenta convencer a un jurado puertorriqueño de que imponga la pena capital a una persona a quien ya se le ha hallado culpable de cometer los crímenes de que se le acusó.  Ningún jurado ha querido hacerlo en la Isla.  De cara al plebiscito de estatus político al cual la Administración actual convoca a los votantes en Puerto Rico este próximo día de elecciones generales, el 6 de noviembre de 2012, es pertinente destacar que la aplicación de la pena de muerte en esta jurisdicción por vía de las leyes penales federales, no las locales, fue uno de los asuntos públicos más debatidos durante la cobertura noticiosa de este más reciente caso de pena de muerte. 

El issue: que la esencia de la relación política entre los Estados Unidos y Puerto Rico está implícita en el fenómeno de que la Fiscalía Federal continúe radicando casos criminales en los que buscará la imposición de la pena capital bajo estatutos federales que aprueba el Congreso, en el cual Puerto Rico no tiene representantes con derecho al voto, cuando la Constitución de Puerto Rico expresamente prohibe la imposición de la pena de muerte en procesos penales ante los tribunales locales.  Es un debate con un amplio historial en la comunidad puertorriqueña y que ha llegado incluso al propio Tribunal Federal. 

En el caso de United States v. Acosta Martínez (2000), un Juez del propio Tribunal Federal en Puerto Rico, Honorable Salvador Casellas, determinó que la ley federal que permite la pena capital para ciertos crímenes en procesos judiciales ante el Tribunal de Distrito Federal no es aplicable en Puerto Rico porque, entre otras razones, la Constitución del E.L.A. prohíbe la imposición de dicho castigo en Puerto Rico.  El gobierno federal apeló la decisión del Juez Casellas y el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston determinó que el Congreso federal puede permitir la imposición de la pena capital en los casos criminales que se ventilan en el Tribunal federal en Puerto Rico aunque ese castigo no sea permitido en los tribunales  locales bajo la Constitución del E.L.A.  Posteriormente, un jurado en el Tribunal federal en Puerto Rico encontró a Acosta Martínez y a su co-acusado culpables de los delitos de secuestro y asesinato, pero no recomendó que se le impusiera la pena capital.  Igual resultado hubo en el caso decidido la semana pasada, U.S. v. Burgos. 

Ya la Fiscalía Federal ha expresado que se propone buscar imposición de la pena capital en casos futuros.  Y el 6 de noviembre de 2012 este asunto tendrá su traascendencia por el voto plebiscitario.  ¿Qué opina usted?

 

Esta nota incorpora material preparado por su autor para un capítulo sobre "El Gobierno Federal en Puerto Rico: Desarrollo y Dinámicas" en el próximo libro "Puerto Rico y su Gobierno", aún en producción.

Party's Over: Nada Escrito en Piedra

Entrevista / Interview: Univision Noticias Puerto Rico, 3 March 2012
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En la política no hay nada escrito en piedra.

Una sentencia federal. Lo vimos en la vista en la cual el Tribunal Federal le impuso sentencia de 4 años de cárcel, 3 años más bajo la supervisión del oficial probatorio federal y multa de cerca de $18 mil al ex-Senador Héctor Martínez, hoy convicto por el delito de (mientras fungía como Presidente de la Comisión Senatorial de Seguridad, !!!!) promover legislación a cambio de un viaje a Las Vegas-"Sin City", la "Ciudad del Pecado", pagado por un empresario local (quien también resultó convicto en el juicio), que fiscalía federal sostuvo sería el beneficiario principal de dicha legislación.

El juicio estuvo matizado por la presencia en sala de numerosos miembros de la delegación senatorial del partido de gobierno, correligionarios del entonces acusado Senador, que llegaban en un "party bus" al Tribunal, enviando un mensaje tácito pero muy bien claro a quien tuviera ojos para ver en sala o fuera de ésta: prensa, el país (desde la radio tv o periódico), fiscales, abogados, jurado, alguaciles y juez.

Sabemos cómo terminó: con la excepción de uno, ninguno de sus colegas de la Legislatura acompañó en sala a Martínez a la hora de escuchar sentencia: el propio Honorable Juez comentó no ver por ningún lado, ese desagradable día de inevitable llanto, "party bus" alguno.  Tampoco nadie del "bus" acompañó esa misma tarde al caído en desgracia a ser esposado y entregarse al buró de prisiones. Se dice que "What happens in Vegas, stays in Vegas."   Y que lo digan.  Por allá se quedó la amistad, en los sueños y aventuras urdidos en, por y para un viaje al centro de juego y fantasía en medio del desierto en Nevada.

Una primaria, dos aguafiestas.  En la misma semana, el gobernador Fortuño exigió al PNP declarara non grata al (todavía!) representante Rivera Guerra pues no da el grado ético para merecer estar en la papeleta: construyó su casa sin permiso, no pagó la contribución del CRIM ni la contribución especial sobre esa casa que dispuso la Ley 7 (que Rivera Guerra mismo votó a favor!), no pagó agua ni luz en esa casa y prometió pagarle la piscina al contratista con una "ayudita": facilitándole el acceso necesario para lograr un "prestamito" del Banco de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Rico que parece no cuajó. 

La Cámara de Representantes dispuso un castigo particular: el representante no cobrará 10 días de dieta (para otro momento el tema de si la dieta es un emolumento redundante, por no decir un "robo", cuando ya cobran un salario).  Lo que en Cámara quedó perdonado, castigado fue en la arena partidista.  El partido sí accedió al pedido de su presidente: Rivera Guerra fuera de la papeleta.  Pero nada es final "until the fat lady sings" (mis disculpas; no quiero ofender pero la metáfora tomada del béisbol se impone): un Tribunal local ha ordenado a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique a Rivera Guerra como candidato primarista pues llenó todos los requisitos a tiempo y así deberá hacerlo la CEE so pena de desacato.  Por ahora. 

Esperen el desarrollo ya gestándose: una acción en los Tribunales por parte del PNP para descertificar a Rivera Guerra.  Y en esa misma línea, el doctor Iván González Cancel, fugaz Secretario de Salud de Fortuño espera por el dictamen en el Tribunal de EEUU de Circuito de Apelaciones de Boston referente a la sentencia del Tribunal Federal local que desestimó su demanda exigiendo que el PNP le permita retar en primarias al Gobernador.  La incumbencia de quien quiere desbancar y el tiempo son sus enemigos principales.  Veremos.

Una alcaldía, dos candidatos (o solamente uno?).  La semana comenzó con la implosión total de la candidatura y posiciones políticas del Vice-Presidente del PPD, Héctor Ferrer, obligado a abandonar todo como secuela de un diferendo con su compañera de vida.  Política e intimidad, agua y aceite: todo se magnifica cuando hay desavenencias y los opositores políticos adquieren un arma de destrucción masiva cuando controlan las agencias llamadas (y obligadas por ley como están) a atender la emergencia doméstica.  Y usaron el arma con la precisión y eficiencia de un rayo laser. 

La primera de dos declaraciones juradas de la en primera instancia querellante salió rápidamente a la luz pública minutos después del entonces todavía candidato a Alcalde de San Juan exigir la destitución de la fiscal, la Secretaria de la Familia y la Procuradora de las Mujeres por sus actos durante la crisis, que le había mantenido a él bajo arresto por toda una noche.  La querellante, en segunda declaración jurada, alegó haber sido coaccionada en la firma de la primera -- pero no negó los hechos dichos en ésta.  Insostenible políticamente, renuncia compelida por las circunstancias.  Lo próximo: que PPD despliegue un nuevo contrincante al Alcalde Santini.  El seleccionado (y se habla de 12 posibles) muy bien podría hacer papilla del comentario alcaldicio de que "se comerá a quien le pongan".  O no.  Stay tuned. 

Legisladores y el abuso de sustancias controladas.  Más de un ex-legislador se ha visto obligado a dejar la posición a la cual fue electo por arrojar positivo al uso de sustancias controladas (o sea, ilegales); sabido es que el abuso de "drogas" (jerga para "sustancias ilegales"), medicamentos OTC (busque usted este término) o alcohol se da doquier.  Y no hay por qué decir quiénes han sido los que han caído de sus puestos al descubrirse sus deslices con las drogas; nadie olvida. 

Buscando una sentencia menos severa de lo posible, el ex-senador Martínez planteó esta semana mediante sus abogados, al Tribunal Federal, que necesita asistencia pues abusa del alcohol.  No debe sorprender pues los abogados tienen una responsabilidad ética con el cliente y con el Tribunal de plantear todos los elementos que son importantes para que el Juez pueda impartir justicia.  Nota: Todavía no hemos visto ningún funcionario legislativo haciendo tan singular admisión en el Capitolio ("hara kiri"?).  Probablemente nunca lo veamos. 

Aunque, cabe preguntarse, y con ello cerramos, ¿con cuánta diligencia y celo están los líderes legislativos constatando que los legisladores, llamados como son a tomar decisiones por 4 millones de puertorriqueños, están desempeñando sus obligaciones capitolinas en pleno uso de sus facultades, sin las distorsiones severas del abuso de sustancias y/o alcohol?.....Nada escrito en piedra está.